En una sesión plenaria del Concejo de Barranquilla celebrada el 18 de julio, se aprobó un nuevo impuesto para los ciudadanos con 16 votos a favor y solo 2 en contra. Este impuesto se conoce como la Estampilla Pro-Hospitales y ha sido objeto de controversia, habiendo sido previamente rechazado en dos ocasiones por el Consejo de Estado, según el concejal del partido Conservador, Juan Camilo Fuentes Pumarejo.
La Alcaldía de Barranquilla será la encargada de recaudar este impuesto a través de la expedición del certificado catastral. Este impuesto representa el 1.5% del valor del inmueble mencionado en el documento, y es importante destacar que Barranquilla es la única ciudad en el país que aplica esta Estampilla.
El concejal explicó su preocupación señalando que el impuesto se genera por la expedición de un documento, y el Consejo de Estado ha cuestionado que no existe una correspondencia adecuada entre el hecho generador y la base gravable. En otras palabras, considera que cobrar el 1.5% del valor del inmueble simplemente por expedir un documento es un cargo excesivo que carece de justificación.
A pesar de que el Consejo de Estado declaró la nulidad del acuerdo de 2015 que establecía este impuesto, el Concejo Distrital lo aprobó nuevamente con una única modificación en los documentos donde se realiza el cobro, pasando de la expedición del estado de cuenta y el paz y salvo del predial al certificado catastral.
El concejal argumenta que esta modificación es insuficiente, ya que sigue sin existir una correspondencia adecuada entre el hecho generador y la base gravable. A pesar de la decisión del Consejo de Estado, la Alcaldía de Barranquilla continúa cobrando la Estampilla en esta vigencia, a la espera de que el fallo se vuelva definitivo.
Por lo tanto, el concejal considera «injusto con la gente» que el acuerdo haya sido presentado ante el Concejo y aprobado, ya que, aunque también podría ser declarado nulo, el dinero comenzará a ser recaudado. Advirtió que mientras no se comunique y ejecute la sentencia del Consejo de Estado, la Alcaldía seguirá cobrando este impuesto, por lo que se presentó el proyecto de acuerdo para evitar que se siga cobrando una vez que la sentencia sea efectiva.
Sobre las afectaciones económicas, mencionó que el impuesto es un freno para la competitividad y la construcción, además de distorsionar el mercado afectando el precio real de las ventas que se realizan.
Finalmente, entre los reparos del cabildante, también se encuentra el poco tiempo que hubo para la discusión del acuerdo, ya que fue aprobada en primer debate e incluida la plenaria del Concejo solo con 3 días hábiles de espacio y los gremios inmobiliarios no fueron incluidos en el debate.
