La iniciativa, busca impactar a mujeres del país encarceladas en Cartagena, pertenecientes a estratos 1 y 2.
Este proyecto «Alas de Libertad», lanzado el martes 26 de noviembre en Cartagena, establece la posibilidad de sustituir la pena por un servicio a la comunidad, las beneficiadas serían mujeres cabeza de familia que cumplan los requisitos establecidos por esta ley 2292 del 2023 . Hay que indicar que durante el lanzamiento, se conoció que en su mayoría, estas mujeres pertenecen a los estratos 1 y 2, y que además, fueron detenidas y encarceladas por delitos como tráfico o porte de estupefacientes.
De hecho, durante la misma ceremonia se conoció el caso de una de las mujeres en el proyecto, de quien las autoridades distritales eligieron preservar su nombre por seguridad, pero relataron que esta misma reconoce el error de haber intentado transportar droga a otras ciudades, sin embargo, pide una segunda oportunidad, teniendo en cuenta que la decisión de cometer el acto ilegal fue gracias al desespero por no tener recursos económicos para sostener a sus hijos.
Por esto mismo, conversamos con Enrique Mercado, Director de la Cárcel Distrital de Cartagena, quien brindó más detalles sobre el objetivo de «Alas de Libertad:
«Básicamente lo que busca esta ley es que puedan cumplir su condena en libertad, generando espacios donde puedan dentro del cumplimiento de su condena, ser útiles a la sociedad en trabajos comunitarios» expresó el director de la cárcel distrital.
Otro de los gremios participantes de este proyecto es la Universidad del Sinú, con sede Cartagena, quienes han indicado que estas «segundas oportunidades» deben empezar desde los procesos de judicialización, entendiendo que los futuros abogados, jueces y fiscales, deben comprender y estar humanizados con los casos en los que para ellos no se trate de dar segundas oportunidades, si no por el contrario, dar la oportunidad que nunca recibieron del gobierno, como por ejemplo las faltas de oportunidades de empleo.
El equipo de RCN Radio, conversó sobre este mismo tema con Vanessa Quintana, jefe del Programa de Derecho en la universidad mencionada:
«Desde las academias nos preguntamos cómo podríamos aportar a este tema y eso tiene su impacto desde la misma formación integral, que muy seguramente todas las instituciones de educación superior tienen en sus proyectos educativos institucionales», pronunció la jefa del programa de Derecho de Unisinú.
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El evento culminó con la firma simbólica del Pacto de “Utilidad pública para todas”, ley que ampara este proyecto, del cual, ya hacen parte una lista de mujeres en espera de revisión para saber sí pueden acceder a los beneficios. Esta lista cuenta con 8 mujeres por el momento, algunas originarias de la ciudad de Cúcuta, cumpliendo condena en Cartagena.
Los líderes de este proyecto, han definido la iniciativa como una medida que busca proteger y apoyar a las mujeres que son el sostén emocional y económico de sus familias, permitiéndoles recuperar su libertad y continuar cuidando a sus seres queridos, mientras cumplen con su condena a través de un servicio comunitario.