Entre enero y septiembre, las cuentas bajo control oficial de Estados Unidos recibieron 12.264 millones de dólares (11.097 millones de euros) por ventas de petróleo y otros recursos como el oro de Venezuela. El régimen de Caracas tenía que pedir autorización a Washington … para retirar ese dinero. En esos nueve meses, Estados Unidos autorizó la salida de 12.108 millones de dólares (10.955 millones de euros) para gasto del régimen y dinamización de la economía. Un esperado informe de KPMG detalla esas operaciones y no recoge ninguna comisión de gestión a favor del Tesoro estadounidense. Sí consigna cuánto cobró la propia KPMG por supervisarlas: 18,18 millones de dólares (16,45 millones de euros), pagados por el régimen de Delcy Rodríguez.
El Banco Central de Venezuela utilizó la mayor parte del dinero para abastecer de dólares a la economía del país. Así, desde la implantación de este nuevo sistema, una empresa que necesitaba dólares para pagar una importación podía comprarlos en su banco con bolívares y los particulares también podían comprar divisas. Unos 11.410 millones (10.324 millones de euros) se canalizaron por esa vía, entre subastas y asignaciones electrónicas a los bancos.
En enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, Venezuela tenía petróleo acumulado en sus depósitos. Según el informe, había que darle salida para evitar que la falta de espacio obligara a cerrar pozos. Washington facilitó la venta, pero el mecanismo que iba a recibir el dinero en Estados Unidos aún no estaba listo. Se utilizó una cuenta provisional del Banco Central de Venezuela en el Banco Nacional de Qatar. Había una razón para elegir el emirato de Qatar. Washington quería evitar que los acreedores de Venezuela, que eran muchos, pudieran embargar el dinero antes de que Caracas dispusiera de él. Marco Rubio lo explicó así el 28 de enero ante el Senado.
Por Qatar pasaron en total 500 millones de dólares (452 millones de euros). El 15 de enero salieron los primeros 300 millones de dólares (271 millones de euros). Las entidades bancarias venezolanas Mercantil, BBVA Provincial, Banesco y el Banco Nacional de Crédito recibieron cada una 75 millones de dólares (67 millones de euros). El 23 de enero salieron otros 163,95 millones de dólares (148,39 millones de euros) y el día 28, otros 36 millones de dólares (32.5 millones de euros). Los 50.000 dólares (45.200 euros) que quedaban en septiembre figuran como saldo de la cuenta venezolana. El documento no registra pago alguno al Gobierno catarí.
A finales de enero, la operativa pasó a Estados Unidos tras las críticas al uso de una cuenta catarí por posible opacidad. Para entonces, Donald Trump había firmado un decreto, el 9 de enero, que protegía de embargos los ingresos venezolanos depositados bajo la custodia del Tesoro. El dinero seguía siendo propiedad del régimen de Venezuela blindado así a embargos. El Banco Central, en nombre del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, enviaba una solicitud y explicaba para qué necesitaba los fondos. El Departamento de Estado daba a absolutamente todo el visto bueno y el Tesoro ejecutaba la transferencia final.
El control estadounidense se prolongaba incluso después de liberar los fondos. El programa contemplaba comprobaciones sobre los bancos intermediarios, las empresas receptoras y sus propietarios efectivos, además de controles contra el blanqueo y las sanciones. Washington supervisaba así los dos extremos de este circuito fiscal: quién ingresaba el dinero procedente de los recursos venezolanos y en qué condiciones podía distribuirse.
El informe llega después de meses de preguntas desde el Congreso a la Administración Trump. El documento es una auditoría de las operaciones y los controles aplicados, aunque no incluye una opinión independiente sobre el conjunto de las cuentas. En abril, el Departamento de Estado anunció que había contratado a KPMG para realizar unas auditorías trimestrales. El 3 de junio, el secretsrio Rubio se comprometió a compartir los resultados con los legisladores del Capitolio. En septiembre, tres diputados demócratas, Joaquín Castro, Gregory Meeks y Ami Bera, seguían reclamando su entrega. Washington prometió una auditoría independiente y lo que ha entregado al Capitolio ahora es un informe de operaciones que abarca del 3 de enero al 30 de septiembre y describe a KPMG como supervisora y asesora del Departamento de Estado. No contiene un dictamen independiente que certifique el destino final de cada dólar.
De los 12.263,72 millones de dólares (11.097 millones de euros) ingresados, 12.109,06 millones de dólares (10.957 millones de euros) correspondían al crudo y sus derivados, partida que incluye también un depósito por gas natural. Es el 98,74% del total. El oro aportó 108,02 millones de dólares (97,74 millones de euros), los fertilizantes, 24,64 millones de dólares (22,29 millones de euros), y otros minerales, 22 millones de dólares (19 millones de euros). Hubo 354 depósitos de 20 pagadores. Solo dos aportaron entre ambos 7.544 millones de dólares (6.826 millones de euros), más del 61% de todo el dinero. Sus nombres están ocultos en la versión pública. Las cifras corresponden a las operaciones sometidas a las licencias estadounidenses que exigían ingresar el dinero en esas mismas cuentas. El informe no cifra el valor de todas las exportaciones de Venezuela.
Entre enero y marzo, el Banco Central canalizó 2.087,75 millones de dólares (1.889 millones de euros) mediante 101 subastas de divisas. El 31 de marzo empezó a utilizar un sistema de asignaciones electrónicas a la banca comercial. Por esa vía distribuyó otros 9.322 millones de dólares (8.434 millones de euros). El Banco de Venezuela recibió exactamente 2.415 millones de dólares (2.184 millones de euros), seguido de Banesco, con 1.348 millones de dólares (1.219 millones de euros), Mercantil, con 1.283,8 millones de dólares (1.161 millones de euros), BBVA Provincial, con 1.264 millones, y el Banco Nacional de Crédito, con 1.260 millones de dólares (1.139 millones de euros). Esas cantidades miden los dólares que pasaron por los bancos para su distribución a los clientes finales.
Parte de ese dinero llegó a Venezuela en metálico. Entre el 2 de julio y el 18 de septiembre hubo cinco envíos aéreos por un total de 549,76 millones de dólares (497 millones de euros), con un control exhaustivo. Cuatro fueron de 100 millones cada uno. El de mayor importe, 149,76 millones, llegó el 30 de julio. El efectivo se trasladaba bajo custodia a las cámaras del Banco Central, donde se contaban los billetes y se registraban sus números de serie. Al cierre de septiembre se habían entregado 356,9 millones a cinco bancos comerciales. Los otros 192,86 millones ya estaban en Venezuela, pendientes de autorización para su reparto.
El protocolo del efectivo tenía nueve etapas. Las bolsas de dinero debían cotejarse con el manifiesto de carga y sus precintos numerados, los recuentos documentarse con doble firma y las entregas realizarse mediante representantes autorizados. Estado y KPMG revisaban a los destinatarios antes de autorizar el reparto. Tener los billetes dentro de las bóvedas venezolanas tampoco daba libertad para ponerlos en circulación.
Las empresas y otras personas jurídicas recibieron 9.366,61 millones y los particulares, 2.873,16 millones. Entre las primeras, el mayor volumen correspondió a alimentación y bienes de consumo, con 3.348,97 millones, seguido de servicios empresariales y administrativos, con 2.218,66 millones, y agricultura, con 1.178,32 millones. El Banco Central incorporó también 346 millones procedentes de sus reservas en el Fondo Monetario Internacional. El registro clasifica a quien obtuvo dólares por su actividad.
Hubo partidas de alimentación, bienes de consumo y agricultura reunían el 48,33 % de las divisas recibidas por las personas jurídicas clasificadas, unos 4.527 millones de dólares. El sector sanitario y farmacéutico recibió otros 531,7 millones. Entre esas tres categorías superaban el 54 % del importe analizado, lo que muestra el peso de las empresas vinculadas al abastecimiento cotidiano dentro de este circuito.
Los pagos directos a proveedores ascendieron a 133,11 millones de dólares. Entre ellos figuran 26,14 millones a Landsteiner Scientific por medicamentos especializados y material de diagnóstico de la enfermedad de Chagas para la Seguridad Social venezolana. Hay también 11,55 millones a Allbe Enterprises por suministros para diálisis y hemofilia, y 8,72 millones a la Organización Panamericana de la Salud para saldar obligaciones vinculadas a vacunas y otros programas sanitarios. En la industria aparecen 12,19 millones por equipos para la minería del carbón y más de 8,28 millones en dos pagos a Energy Solutions por turbinas de la central eléctrica Termozulia III. El bufete estadounidense Greenberg Traurig recibió cinco millones de dólares por servicios jurídicos, dos millones en julio y tres en septiembre.
Venezuela pagó también por el funcionamiento del sistema que Washington le exigía utilizar. El abono a KPMG, el 10 de abril, fue el mayor gasto de supervisión identificado. Aparte figuran 155.000 dólares a BDO por una revisión limitada, 2,4 millones a Moneycorp y tres pagos a Numisma que suman 2,77 millones, estos últimos vinculados a la operativa del efectivo. XO Aviation recibió 123.319,95 dólares por servicios logísticos. El informe contempla además gastos bancarios y de mensajería de pagos.
Los fondos generaron 12,52 millones de dólares en intereses, que quedaron contabilizados a favor de la cuenta. Al 30 de septiembre quedaban 168,56 millones en la cuenta principal y 50.000 dólares en Catar, en total 168,61 millones bajo custodia. Del dinero que ya había salido, 15 millones estaban en una cuenta operativa del Banco Central venezolano cuyo uso todavía requería autorización escrita y previa de Washington. El propio informe reconoce que los controles se implantaron por etapas, que parte de las comprobaciones se hizo por muestreo y que KPMG se incorporó en abril, tres meses después de que empezara a moverse el dinero.
