El excanciller Álvaro Leyva Durán anunció este martes que entregó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia documentos relacionados con sus señalamientos contra el presidente Gustavo Petro.
Según el exfuncionario, el material corresponde a actuaciones que asegura haber adelantado ante instancias de la justicia estadounidense.
“El 15 de septiembre pasado envié un mensaje en español al Secretario de Estado de USA, Marco Rubio en el que le puse de presente que le haría llegar al Embajador de su país en Colombia (encargado), señor Hugo Guevara, documentos de lo actuado por mí ante funcionarios de la justicia americana, U.S. Department of Justice, contra el expresidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego”, afirmó Leyva Durán en sus redes sociales.
El exministro del gobierno Petro dijo que eso lo hizo “con el ánimo de reiterar por conducto oficial mis iniciativas en lo penal fechadas el 25 de septiembre y 9 de octubre de 2025”.
Dijo que agregó en el citado mensaje dirigido al Secretario Rubio, que en la comunicación por enviarse al Embajador encargado se agregarían “nombres de testigos calificados” que pondrían de manifiesto “la urgencia de adelantar una pronta y cumplida justicia dada la gravedad de los delitos” del expresidente Petro.
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“Hoy le informo a la opinión pública, al Jefe del Estado colombiano Abelardo de la Espriella y al US General Attorney (Fiscal General Americano), que el pasado viernes 9 de octubre se hizo la entrega de la anunciada misiva en las oficinas del Chargé d’Affaires en Colombia, señor Hugo Guevara”, se lee en el encabezado de Leyva Durán.
Como respaldo de su afirmación, el excanciller publicó una imagen de la carta con un sello de recibido de la embajada.
Sin embargo, ese registro acredita la recepción de la comunicación, pero no permite establecer por sí solo que las autoridades estadounidenses hayan abierto una investigación, iniciado una revisión de las pruebas o adoptado alguna decisión judicial frente a sus denuncias.
Leyva explicó que el envío se había anunciado previamente. Según relató, el 15 de septiembre remitió un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que expresó su intención de entregar al representante diplomático los documentos relacionados con las actuaciones que afirma haber promovido ante funcionarios del Departamento de Justicia de ese país.
El exministro también señaló que buscaba reiterar iniciativas penales que, de acuerdo con su versión, había cerrado el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025.
No obstante, el comunicado divulgado no ofrece detalles suficientes para establecer la naturaleza de esas actuaciones, su estado procesal ni las autoridades específicas ante las cuales habrían sido tramitadas.
En la carta, Leyva aseguró que aportaría los nombres de personas a las que calificó como “testigos calificados”.
A su juicio, sus testimonios contribuirían a respaldar la necesidad de avanzar con prontitud en el esclarecimiento de los presuntos delitos que atribuye a Petro.
Pese a esos anuncios, el excanciller no identificó a los posibles testigos ni precisó cuáles serían las conductas delictivas denunciadas o qué elementos probatorios contendrían los documentos entregados.
Tampoco presentó información pública que permita corroborar que el material haya sido incorporado formalmente a un expediente judicial en Estados Unidos.
La entrega se conoce en medio de los reiterados cuestionamientos de Leyva contra Petro y de sus gestiones para trasladar sus señalamientos al ámbito internacional.
Por ahora, la información divulgada por el exfuncionario permite establecer que presentó una comunicación ante la Embajada, de acuerdo con la constancia que publicó, pero no demuestra que el Gobierno estadounidense o sus organismos judiciales hayan tomado medidas frente a las acusaciones.
El proceso en Procuraduría contra Leyva
Hay que recordar que la Procuraduría, en 2024, destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.
“La conducta del ministro Leiva Durán, evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de la selección contractual, determinándose a declarar de cierta licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la publicación, situación que generó un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”, se lee en el fallo de sanción.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal.
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“El ministro de Relaciones Exteriores, optó por declarar desierta la solicitación bajo el argumento que se trató de un proceso con un único oferente, lo cual carece de fundamento legal si se tiene que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas. A su vez, el disciplinado tuvo la oportunidad de corregir ese error, que en su sentido impedía la selección objetiva del contratista. Sin embargo, esperó hasta el informe final de la evaluación para declarar desierta la solicitación”, añade el fallo.
“Fue un acto de buena fe”: la defensa de Leyva
El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, se ha defendido diciendo que la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes —por la que la empresa Thomas Greg & Sons reclama una indemnización de 117.000 millones de pesos— fue un “acto de buena fe”.
Leyva explicó que actuó pensando en los derechos de los ciudadanos y bajo los principios de interés general, eficiencia económica, transparencia y responsabilidad.
“Pareciera que es la única empresa (…) que históricamente pudiera cumplir con los requisitos de la licitación desde los años 70”, señaló en su momento el excanciller, quien además cuestionó si Thomas Greg & Sons puede considerarse sinónimo de perfección absoluta.
En ese sentido, sostuvo que el Estado no puede permanecer atado a lo que denominó “el sindicato del pasado” en materia de contratación pública, y defendió la necesidad de promover procesos en los que exista una verdadera competencia.
El exministro también lamentó que no se esté dando oportunidad a nuevos participantes, pese a que —según dijo— la Ley 80 de 1993 garantiza el derecho a la igualdad y a la libre concurrencia en las licitaciones.
