MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) –
Un total de 29 países, incluido España, han denunciado este lunes el «recurso de Irán a ataques violentos y otras actividades híbridas» en su contra, haciendo hincapié en las acusaciones de Reino Unido contra las autoridades iraníes por el incidente en su base militar en Fairford a finales de septiembre.
En un comunicado conjunto difundido por ‘Downing Street’, los firmantes –entre los que se encuentran Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia y Alemania– «condenan en los términos más enérgicos el recurso de Irán a ataques violentos, incluidos los actos de conspiración con fines letales, incendios provocados, sabotajes, ciberataques y otras actividades híbridas» en su contra.
Los 29 países, si bien no han atribuido a Teherán el suceso de Fairford, sí han «reconocen» las acusaciones vertidas por las autoridades británicas, quienes consideran que el incidente «demuestra la continua disposición del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a llevar a cabo actividades hostiles más allá de sus fronteras a través de redes clandestinas y actores intermediarios».
Este mismo lunes, el Ejecutivo de Andy Burnham ha anunciado sanciones contra dos altos cargos iraníes y ha convocado al embajador de Irán en el país por lo que ha denominado de «complot terrorista».
«Esto se produce poco después de la reciente campaña de atentados en toda Europa dirigida contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses, reivindicada por Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI)», han apuntado, aludiendo a un grupo armado que en español se traduce como Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados, y que el pasado abril reivindicó el ataque contra una sinagoga en el norte de Londres.
«Cualquier intento por parte de Irán de amenazar, silenciar, intimidar, acosar, dañar o coaccionar a personas en nuestros territorios a través de intermediarios o por cualquier otro medio es inaceptable. Cualquiera que lleve a cabo actividades hostiles en nombre de Irán, o de cualquier otro Estado, debe saber que tomaremos medidas para identificar, investigar, desarticular y perseguir judicialmente estos actos», han asegurado los firmantes antes de reafirmar su unidad y compromiso con «la salvaguarda» de su soberanía y la protección de sus comunidades.
