La colaboración de las autoridades que gobiernan Venezuela con Washington de supervisor alcanza ya de lleno a los empresarios que durante años hicieron fortuna al amparo del chavismo. Primero fue Alex Saab, indultado por Joe Biden y devuelto este año a Estados Unidos por … el régimen de Delcy Rodríguez. Ahora, por sorpresa, es su socio, Álvaro Pulido, el otro empresario del hambre venezolano, según se le apodó en la primera Administración Trump. El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, anunció este domingo, 11 de octubre, su extradición. Le esperan dos causas federales, trece cargos y acusaciones sobre operaciones que movieron casi 2.000 millones de dólares.
Pulido estaba preso en Venezuela. Agentes de la DEA lo sacaron de una cárcel venezolana para trasladarlo a Florida. Esa salida apunta a la cooperación de Caracas, aunque las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente cómo se ejecutó. La portavoz de la fiscalía norteamericana Nicole Navas Oxman confirmó su custodia y anunció que comparecerá el martes ante un tribunal de Miami.
Blanche presentó la detención como un golpe a los negocios ligados al régimen de Nicolás Maduro. En su anuncio acusó a Pulido de corromper programas destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas para enriquecerse, utilizando además el sistema financiero estadounidense. El mensaje del fiscal general incluía una advertencia: dijo que ni el tiempo transcurrido ni la distancia impedirían perseguir a los responsables y llevarlos ante un tribunal norteamericano.
En el primer expediente, presentado en julio de 2019 contra Pulido y Saab, la fiscalía describe una operación sencilla y rentable: cobrar varias veces por una misma importación. Los empresarios habían obtenido un contrato para construir viviendas sociales. Según los investigadores, presentaban facturas y documentos falsos para conseguir dólares del sistema venezolano de control de cambios.
Un cargamento podía convertirse, sobre el papel, en varios. Los funcionarios sonornados fotografiaban los mismos materiales de construcción en lugares diferentes para aparentar nuevas entregas. Después se solicitaban nuevos pagos. Para mantener el mecanismo, la trama habría sobornado a empleados de aduanas, de la Guardia Nacional Bolivariana y de Cadivi, el organismo encargado de administrar las divisas.
La acusación cifra en exactamente 350.041.500 dólares las transferencias realizadas desde cuentas venezolanas, a través de bancos estadounidenses, hacia cuentas extranjeras controladas por los socios. Ese expediente contiene ocho cargos contra Pulido: uno de conspiración para blanquear dinero y siete de blanqueo. Esa es la causa en la que Joe Biden indultó a Saab en 2023, pero ahora Pulido rendirá cuentas por ella.
Sobornos en comida y salud
La segunda causa, presentada en octubre de 2021, entra directamente en el negocio de la comida y los medicamentos, de ahí la referencia al hambre de los venezolanos. Los fiscales sostienen que Pulido y sus colaboradores conseguían contratos mediante sobornos, elevaban los precios y distribuían el dinero entre empresarios, intermediarios y funcionarios. Las necesidades básicas de los venezolanos se convertían así, según la acusación, en una fuente de beneficios privados.
Se vendieron diez millones de cajas de alimentos a 34 dólares cada una, por un total de 340 millones. El escrito sostiene que el entonces gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, conocía que producirlas e importarlas costaba considerablemente menos. La diferencia permitía pagar sobornos y repartir ganancias. Otro contrato de alimentos ascendía a 369,9 millones; dos de medicamentos sumaban cerca de 146 millones.
En este auto aparecen también el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros integrantes de la red. Se atribuyen a Pulido cinco cargos adicionales. La petición de decomiso asciende a 1.607 millones de dólares. Cada uno de los trece cargos de ambas causas contempla hasta veinte años de prisión, aunque las penas no se suman automáticamente.
🚨 Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime. His alleged actions show a blatant disregard to the Venezuelan people by corrupting government programs intended to provide critical food, medicine, and housing for personal enrichment and exploiting the American financial system to do it. No amount of time or distance will stop @TheJusticeDept from working with our federal law enforcement and international partners to pursue these criminals and bring them to justice in an American courtroom.
— Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026
El regreso de Saab a Estados Unidos anticipó este desenlace. Biden lo había indultado el 20 de diciembre de 2023, dentro de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Pero aquel perdón estaba limitado al caso de 2019: no cerraba la puerta a perseguir otros delitos. El 16 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas anunciaron su deportación. El empresario que Maduro había defendido y hasta hecho ministro quedó nuevamente al alcance de la justicia estadounidense.
Esta vez, Saab terminó admitiendo su responsabilidad. El 15 de septiembre se declaró culpable de conspiración para blanquear dinero en una nueva causa sobre contratos de alimentos y medicamentos. Reconoció haber organizado pagos ilegales para conseguir adjudicaciones públicas. Afronta hasta veinte años de prisión.
