¿Se le aguó la fiesta?
Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy, luego de que se difundiera un fallo proferido en junio pasado por el Consejo de Estado en el que, al resolver un recurso extraordinario de revisión, el alto tribunal confirmó la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría al exalcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, en 2023, por las presuntas irregularidades que rodearon el contrato de las fotomultas en el municipio histórico, y cuya sanción consiste en una inhabilidad general por el término de 17 años y 7 meses. Como Socha tiene planes de lanzarse nuevamente al ruedo y buscar otra vez la Alcaldía, en las elecciones del próximo año, sus detractores aseguran que con este resultado, a ‘El morocho’ se le aguó la fiesta.
¡Sí, que sí!
Al ruido que causó esta semana la difusión de la sentencia sobre su caso, Socha respondió ratificando en un video no solo que será candidato otra vez, sino que se convertirá en el próximo alcalde de Villa del Rosario, pues insiste en que no tiene ninguna inhabilidad. Su optimismo se sustenta, por un lado, en que contra este fallo de junio ya interpuso otro recurso en el Consejo de Estado, que es el de la doble conformidad, el cual está apenas en trámite, y por otro, que como la Corte Interamericana ya definió que no es posible limitar derechos políticos, tal y como sucedió en el caso de Gustavo Petro, a él tampoco le podrán prohibir que sea candidato. Lo cierto es que a este caso le falta mucha tela por cortar, pero desde ya anticipa cómo será la puja por la Alcaldía del histórico municipio en 2027.
Al ruedo
Más que confirmada quedó en estos últimos días la nueva aspiración del exgobernador Silvano Serrano en la contienda del próximo año, donde buscará repetir periodo en el Palacio de la Cúpula Chata. El exmandatario no solo estrenó imagen en los perfiles de sus redes sociales, sino que cada vez está más activo en ellas mostrando sus recorridos por el departamento y las actividades de su día a día. Días atrás, incluso, Serrano sostuvo un encuentro con un numeroso grupo de exalcaldes con los que compartió periodo durante la pandemia y dio señales claras de su nuevo proyecto político.
Expectativa
Para este martes 13 de octubre están convocados por el Gobierno los distintos sectores del departamento, con el fin de comenzar a definir la hoja de ruta que guiara los próximos cuatro años de mandato de Abelardo de la Espriella. En Cúcuta la expectativa está servida frente a la importancia y el protagonismo que pueda darle el presidente a la región. El jefe de Estado, en repetidas oportunidades, ha dejado ver su compromiso con Norte de Santander, donde obtuvo la votación más alta, porcentualmente hablando, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Por ahora, no está plenamente confirmada la participación de De la Espriella en el Encuentro Regional.
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Sin respuesta
Un sentido y enérgico llamado le hizo esta semana la representante a la Cámara por Norte de Santander, Diana Riveros, al Ministerio de Transporte, para que se esclarezcan cuánto antes las causas que originaron el accidente de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el que murió su esposo, el entonces representante por las curules de paz, Diógenes Quintero. Pese a que ya se van a cumplir nueve meses desde el trágico suceso en el que fallecieron en total 15 personas, sus familias siguen sin conocer las razones por las cuales se precipitó la aeronave. Riveros denuncia que la Aeronáutica Civil no da respuestas y que el único informe sobre los hechos lo recibieron a través de los medios de comunicación. La congresista le insistió a la ministra Elsa Noguera que alrededor del hecho hay muchas teorías y por eso lo que necesitan es claridad.
Le ponen la lupa
El Consejo de Estado admitió en los últimos días la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que aumentó los avalúos catastrales de los predios rurales en 527 municipios. En esta acción se cuestiona el reajuste que sufrió el avalúo de más de 1,6 millones de predios rurales y que alcanzaron incrementos que en algunas zonas superaron el 2.500.000%. Por estos hechos, el país estuvo bloqueado durante varios días en abril pasado. El demandante pidió anular la resolución porque, en su criterio, los porcentajes no tienen soporte técnico y vulneran los principios constitucionales de equidad y progresividad tributaria.
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