Apenas un puñado de empresas occidentales permanecen en Rusia cuatro años y medio después del inicio de la invasión de Ucrania. Una de las compañías que resistía era la francesa Leroy Merlin, cuyos activos quedaron confiscados hace una semana junto a los de Nestlé … y Auchan. Su nuevo director general, según reveló el diario ruso ‘RBC’, será Denis Isaev, hijo de un exdiputado de la Duma. Su padre, Rizvangadzhi Isaev, ocupó un escaño en la bancada del partido de Vladímir Putin, Rusia Unida, entre 2007 y 2011, pero la pasada primavera cayó en desgracia al quedar muchas de sus propiedades embargadas por un tribunal moscovita.
Ahora es su hijo quien prospera con la ayuda del Kremlin. El caso de Leroy Merlin e Isaev hijo se encuadra en la estrategia que aplican las autoridades rusas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, cuando comenzó la desbandada de firmas europeas y estadounidenses del país euroasiático. Zara, McDonald’s, Ikea…
Los activos de aquellas que decidieron quedarse suelen acabar, primero, en manos del Estado con el argumento de que proceden de una nación que «participa en acciones militares» en contra de Moscú y, después, se reparten entre la élite. El Kremlin utiliza las expropiaciones como una especie de ojo por ojo ante las sanciones occidentales y los fondos de Rusia congelados en Europa. Leroy Merlin se mantuvo oficialmente en el país hasta diciembre de 2023, cuando cedió casi todas sus acciones a una firma afincada en Emiratos Árabes Unidos.
La central francesa conservó un porcentaje residual de la compañía (0,007%), que incluso se rebautizó como Lemana Pro en Rusia. Una maniobra que le permitió continuar en el mercado nacional, aunque de cara al exterior ya lo había abandonado. Tras la expropiación, el control de la filial rusa pasó a la compañía LEV Management, que, según publicaron medios independientes, registró en 2024 Andréi Krayushkin.
Detrás de ese nombre se encuentra un general de división de la Policía y ex alto funcionario del Ministerio del Interior ruso. Otro miembro de la élite, como Isaev. Analistas internacionales consideran que Krayushkin actúa como «testaferro institucional», mientras que la verdadera identidad de quienes se benefician de los ingresos de la empresa sigue oculta bajo secreto de Estado.
LEV Management, que ha tomado asimismo el control de Auchan y Nestlé, asegura que las operaciones de las firmas que están ahora en sus manos continuarán en Rusia.
Lo ocurrido con estas tres compañías occidentales responde a un mismo guion que se repite en el país euroasiático desde el comienzo de la invasión de Ucrania. En 2023, tras aprobar el decreto presidencial que abría la puerta a las nacionalizaciones, se vieron afectadas firmas extranjeras como la energética Fortum (finlandesa), cuyas plantas quedaron bajo control de la agencia estatal Rosimushchestvo; la gasística Uniper (alemana), a la que Moscú arrebató su filial rusa, Unipro; el gigante de la alimentación Danone (francés); y la cervecera Carlsberg (danesa), cuya dirección en Copenhague tachó la medida de «robo». Se calcula que más de un millar de compañías internacionales se han marchado del territorio ruso, donde quedarían otras 500 en activo.
En el lado de los beneficiados por esta sucesión de confiscaciones destaca Yakub Zakriev, sobrino del líder checheno, Ramzán Kadírov, y ministro de Agricultura en esta república. En su poder cayó, por ejemplo, la planta de envases de AptarGroup (estadounidense) y una de las joyas confiscadas, Danone, que acabó vendiendo después a un precio muy bajo a un empresario vinculado a las autoridades regionales, Mintimer Mingazov.
La élite otra vez
Este tipo de maniobras, plantean expertos internacionales, cumplirían una triple función para el régimen ruso: premiar la fidelidad de quienes financian o apoyan el esfuerzo bélico en Ucrania, sostener la economía de guerra al mantener fábricas activas –pero bajo un mando afín– y advertir a los empresarios locales de que la propiedad privada depende exclusivamente del favor del presidente. Agencias como Reuters estiman que las multinacionales occidentales han perdido casi 94.000 millones de euros en estos últimos años por culpa de la depreciación de sus activos, los ingresos perdidos y los agresivos impuestos que exige el Kremlin para su salida.
