“Coosalud ha hecho caso omiso a todos los requerimientos que se les hace para poder darle solución a los trámites y ayudar a los pacientes. Ante este escenario, muchos de ellos continúan en el hospital recibiendo la atención que podemos brindarles”, añadió Lizcano, quien precisó que, sin tener contrato, Coosalud ya acumula una deuda con el hospital de más de $12.000 millones.
De igual forma, el presidente de Asindecol manifestó que, en el mes de julio, la falta de respuestas de esta entidad cobró la vida de dos pacientes que estaban en la Unidad de Cuidados Intermedios.
Llamado al Gobierno Nacional
Julio Lizcano explicó que el actual panorama es consecuencia de todos los agentes interventores que pasaron por Coosalud en el anterior Gobierno Nacional y que, según sus palabras, formaron parte de un complot para buscar un beneficio propio o acatar las órdenes que en su momento se les direccionaban.
“Ahora el nuevo Gobierno tiene la responsabilidad de acabar con el complot que ha venido manejando las diversas IPS y de ponerles control a los medicamentos e interventores. Es fundamental que los intermediarios tengan la experiencia y conocimiento para manejar este tema y superar esta situación”, concluyó.
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Cambios de interventores en Colombia
A finales del pasado mes de agosto, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy, designó a Carlos Ignacio Cuervo y Edgar Felipe Molina como interventores de Famisanar y EPS Coosalud, respectivamente, en reemplazo de Mauricio Molina Álvarez y Aarol Lee Medina Ovalle, luego de que fueron removidos de sus cargos tras recibir una recomendación del Comité de Medidas Especiales de la Supersalud.
Así pues, la Superintendencia estableció que los nuevos responsables dispondrán de un mes para presentar un plan de trabajo, que deberá ser posteriormente aprobado por la propia entidad de vigilancia y control.
Ese plan deberá partir de un diagnóstico “riguroso y expedito” sobre las condiciones de cada EPS y orientar las acciones posteriores. La instrucción también contempla promover medidas de responsabilidad ante eventuales irregularidades o inconsistencias y adoptar decisiones encaminadas a evitar que las intervenciones se prolonguen de manera indefinida.
Aunque La Opinión se contactó con la Superintendencia Nacional de Salud e intentó establecer comunicación con Coosalud para conocer sus acciones y explicación de este panorama, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
De parte de Coosalud, cabe recalcar, se solicitó mediante un derecho de petición información sobre con cuáles redes prestadoras de salud tiene contrato vigente en Cúcuta, pero la entidad manifestó no poder suministrar esta información por cláusulas de confidencialidad y reserva.
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