La utilización de grandes buques como prisiones se remonta al siglo XIX, cuando tanto España como Inglaterra utilizaron embarcaciones para el cautiverio de prisioneros de guerra. Sucedió lo mismo en los años 30, durante la guerra civil española, con el barco Uruguay anclado en Barcelona … y en la dictadura chilena, ya en los 70, con el buque escuela Esmeralda en el puerto de Valparaíso.
Ahora la modalidad regresa a América Latina, bajo el impulso del Escudo de las Américas que Donald Trump propone como estrategia de seguridad regional y que tiene su epicentro en Colombia.
El presidente Abelardo de la Espriella ha propuesto, la semana pasada, utilizar buques oficiales como cárceles transitorias de máxima seguridad en altamar, con el objetivo de aislar a 40 internos de alta peligrosidad y dificultar que sigan ordenando extorsiones, homicidios y operaciones de narcotráfico desde las prisiones convencionales.
El presidente tiene, entre sus programas de gobierno, construir grandes cárceles, similares a las ya realizadas por Nayib Bukele en El Salvador. Como medida transitoria, el presidente colombiano impulsa llevar a los reos más peligrosos al mar.
«Las cárceles no pueden seguir funcionando como universidades del crimen. En mi gobierno se transformarán en espacios de disciplina y productividad… El que quiera comer, tendrá que trabajar, llevaremos a los criminales más peligrosas al medio del mar, para que ya no puedan seguir delinquiendo», señaló De la Espriella.
El objetivo es dificultar que los narcos sigan ordenando extorsiones, homicidios y operaciones de narcotráfico desde las prisiones convencionales
Camarotes-celda
Según ha mencionado la prensa colombiana, en los buques-cárceles los camarotes quedarían convertidos en celdas de aproximadamente cuatro por cuatro metros, con una litera y sin televisión, radio ni equipos de comunicación. Un aislamiento total con la idea de que los prisioneros no logren operar sus estructuras criminales en el exterior.
En junio pasado, la Defensoría del Pueblo de Colombia detalló las condiciones de los reclusos en las cárceles del país, informando que se registra una sobrepoblación en los centros penitenciarios que asciende al 28,6%. De acuerdo con las cifras reportadas hay un total aproximado de 104.395 internos frente a una capacidad instalada de 81.139 cupos.
«La situación se torna crítica en los centros de detención transitoria donde el hacinamiento promedio alcanza el 127%, registrándose picos regionales superiores al 500%», añadió el reporte de la Defensoría.
El plan de De la Espriella ganó fuerza en el consejo de seguridad del domingo 23 de agosto en Barranquilla. Allí también se anunció el refuerzo de la seguridad con 2.000 nuevos policías, la llegada de 50 hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército y el despliegue de 60 uniformados para controlar corredores estratégicos que conectan al Atlántico con otros departamentos del país suramericano.
Según fuentes consultadas por el diario ‘El Tiempo’ de Bogotá, la iniciativa estaría a cargo de la Dirección General Marítima (DIMAR), bajo la coordinación del Ministerio de Defensa.
La propuesta contempla disponer embarcaciones en el Caribe, cerca de Cartagena, y en el Pacífico, en aguas próximas a Buenaventura, donde permanecerían internos considerados de alta peligrosidad.
El precedente de Uribe
En Colombia se registran experiencias similares, pero aplicadas solo a casos muy concretos. El gobierno de Álvaro Uribe (2000-2010) detuvo y envió a fragatas militares en alta mar a presos ligados al narcotráfico y a grupos guerrilleros.
Otro ejemplo en la historia de las medidas de reclusión extrema en el país suramericano es el caso de la penitenciaría de la isla de Gorgona, que funcionó entre 1960 y 1984. La prisión fue construida en esta isla del Pacífico, a unos 50 kilómetros del continente, aprovechando su aislamiento natural y las difíciles condiciones de acceso, como las fuertes corrientes marinas, la presencia de tiburones y animales venenosos.
Un problema recurrente en América Latina es que los cabecillas del crimen organizado tienen en ocasiones más seguridad dentro de las prisiones que fuera, donde sus rivales podrían atacarlos. En las cárceles, además de contar con grandes beneficios, producto de aceitadas redes de corrupción con funcionarios penitenciarios, tienen la posibilidad de seguir operando sus células delictivas.
En México, por ejemplo, se han registrado diversos casos de jefes del narcotráfico que, estando supuestamente presos, organizaban dentro de su cautiverio cumpleaños familiares, torneos deportivos, fiestas con prostitutas y contaban con salidas clandestinas para ir a funerales o participar en festividades. Todo bajo la protección del Estado.
El intento frustrado de Ecuador
Una referencia actual de los planes de Colombia se ubica en Ecuador. El presidente Daniel Noboa prometió en su campaña a finales de 2023 desplegar este tipo de embarcaciones frente a la costa del Pacífico. Sin embargo, el proyecto no ha podido concretarse por trabas de la oposición.
Noboa optó por construir la cárcel de máxima seguridad en una zona remota de la provincia costera de Santa Elena, en lugar de convertir buques en prisiones.
En Colombia ya han aparecido cuestionamientos. «El despliegue de prisiones flotantes en altamar es una estrategia de populismo punitivo orientada a generar impacto mediático para satisfacer demandas de orden, pero que evade la reforma estructural que necesita el sistema penitenciario y vulnera los compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por el Estado», señaló la bancada de senadores del Pacto Histórico, el partido del expresidente Gustavo Petro.
De la Espriella ganó las elecciones de este año por menos de un punto, por lo que su mayoría en el Congreso es extremadamente frágil y el Pacto Histórico es la principal oposición.
«Las propuestas que buscan la militarización de los centros penitenciarios y la reclusión extrema en altamar representan una seria amenaza a la protección jurídica y las garantías básicas consagradas en la Constitución colombiana», expresó la ONG británica Justice for Colombia.
