En la petición se argumenta que se quiere vincular formalmente al líder de la oposición con el caso ‘hacker’.

El abogado Víctor Mosquera presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) una solicitud de medidas cautelares en el caso del presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga al considerar que existe una clara “persecución política” por parte de la Fiscalía General.

Mosquera indicó que en la petición se anexaron pruebas que indican la persecución que se ha emprendido contra uno de los representantes de la oposición, a quien se le estaría buscando abrir un proceso formal por sus presuntos nexos con el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda para afectar el proceso de paz.

“Fuentes que nos informan que pueden venirse estas medidas porque la Fiscalía quiere seguir su cuadro persistente de persecución política contra los miembros de la oposición”, precisó el abogado quien aseguró que se le manifestó al organismo internacional que existe un impedimento para acceder a las pruebas.

En este sentido señaló que no se le ha permitido a la defensa acceder al video publicado por la Revista Semana en marzo de 2015 en el cual aparece el entonces candidato presidencial por el Centro Democrático y su asesor espiritual, Luis Alfonso Hoyos en la oficina del ‘hacker’ hablando sobre un “golpe” en las elecciones.

Señaló además que en las pruebas anexadas a la solicitud se encuentran intervenciones del presidente de la República, Juan Manuel Santos; el fiscal General, Eduardo Montealegre, un grupo de ministros y directores de departamento administrativo en el cual se evidencia “un discurso de odio”.

Zuluaga rindió interrogatorio en junio del año pasado en el marco de la investigación que se adelanta por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la ejecución de un plan para afectar la imagen del proceso de paz y la candidatura de Juan Manuel Santos.

La Fiscalía General indició que se le dieron órdenes expresas al ‘hacker’ Sepúlveda para que obtuviera información privilegiada de los negociadores de las Farc en La Habana (Cuba) con el fin de crear una campaña de desprestigio en contra de las negociaciones y minar la credibilidad en la opinión pública./ El Espectador