Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes deberán decidir esta semana sobre un proyecto que se constituye en el más vital de los últimos años frente a la política criminal del país.

Se trata de la prórroga por un año de la entrada en vigencia de la Ley 1760 de 2015 –sancionada el 6 de julio del año pasado– norma que establece que a partir del próximo 7 de julio queden libres los presos por delitos comunes que lleven más de un año tras las rejas en detención preventiva y sin condena, o 7 de julio de 2017 para los sindicados de corrupción, extorsión, narcotráfico, delitos sexuales y terrorismo también sin sentencia.

El proyecto, radicado de urgencia y de última hora, es promovido por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para evitar la excarcelación masiva de presuntos peligrosos delincuentes.

Al respecto, vale recordar que de no ser aprobada esta iniciativa antes del 20 de junio –cuando se cierran las sesiones ordinarias del Congreso–, se estaría ad portas de que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición y peligrosos delincuentes regresarían a las calles.

En días pasados el Inpec reportó que en la actualidad hay 19.167 internos detenidos preventivamente por 11 meses o más, de los cuales 10.884 lo han estado por 21 meses o más. Por eso, lo que realmente está en juego, de no ser aprobado este proyecto, es la estabilidad en la administración de justicia al dejar eventualmente en libertad a peligrosos delincuentes.

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