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Barranquilla

Gobierno radicó proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz

El Gobierno radicó este lunes el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, un paso que resulta fundamental para que continúe la implementación de los acuerdos con las Farc. Aun así, y como todo lo relacionado en el proceso de paz con la guerrilla, no ha estado exento de debates y críticas.Pero los señalamientos no vienen solo por parte de la oposición, sino que también vienen desde el lado de quienes están más interesados en que haya justicia: las víctimas. Por supuesto, desde orillas como el uribismo no han frenado los reproches a un acuerdo del que, incluso, han dicho que “harán trizas” en caso de llegar al poder del 2018. Pero defensores de derechos humanos también han manifestado su preocupación.

Entre varias organizaciones han surgido dudas, pues sienten que están “siendo olvidadas” en los procesos que se adelantan para otorgar la libertad condicional a miembros de la Fuerza Pública que quieren entrar a la JEP, como lo expresaron hace unos meses en una carta abierta a la opinión pública. Y uno de los casos que más preocupación han generado es la de los militares acusados por cometer ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

El Espectador habló con el abogado Jorge Eliécer Molano, que está en la defensa de varios de los casos de falsos positivosy que desde hace épocas trabaja con organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Según Molano, uno de los principales problemas de que los militares culpables de estos hechos puedan acudir a la JEP es que se corre el riesgo de que haya impunidad, así como que no se garantice los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.

¿Qué pasa con los casos de falsos positivos ante la posibilidad de que los militares responsables se acojan a la JEP?

Lo primero que hay que señalar es que los falsos positivos obedecieron más a propósitos personales (como obtener permisos, condecoraciones, felicitaciones, ascensos o en muchos de los casos, apropiarse de las recompensas). Segundo, que no tienen una relación con el conflicto armado: el conflicto armado fue fingido para justificar que se asesinaban civiles que no tenían nada que ver con él. Adicionalmente, muchos de los casos se tratan de personas presentadas como delincuentes comunes, lo que desvirtúa mucho más la vinculación de estos crímenes con el conflicto armado.

Antes de que estos casos pudieran pasar para la JEP, ¿se tendría que analizar cada uno?

Claro, tiene que haber un análisis individual y detenido para mirar sí, efectivamente, tienen relación con el conflicto, que es lo que hoy no se está haciendo. Se ha dicho que todas las ejecuciones extrajudiciales irán a la JEP, pero eso sería una distorsión de la realidad, del conflicto.

Si son alrededor de 4000 militares los que podrían acudir a la JEP por estos crímenes, ¿se demorarían más de lo que ya se han demorado a través de la justicia ordinaria?

El tema es que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene el principio de que no va a estudiar todos los casos, sino los que decida priorizar. Hoy la pregunta que queda es: si el caso no es objeto de priorización, ¿en qué situación quedan los procedimientos de los agentes del Estado que ya han recibido beneficios? Hoy estos casos quedan en un limbo, hasta tanto la JEP no decida si los priorizará o no. También debe decirse si se va a priorizar el conjunto de los falsos positivos o si no qué criterios va a tener para elegir los casos.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia levantó las órdenes de captura contra tres soldados condenados por ejecuciones extrajudiciales, ¿en estos casos qué pasa?

La corte señaló que el decreto 706 (que “aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación”) se puede aplicar para quienes estén prófugos. Basta con que comparezcan a firmar un acta de compromiso para presentarse a las autoridades y a no salir del país.

En el auto del magistrado José Fernando Castro Caballero se excluye que un requisito para obtener beneficios es que la persona se comprometa con la verdad. Entonces se están dando liberaciones sin este compromiso, lo cual, desde luego, va contra los derechos de las víctimas. Resulta supremamente grave que las autoridades judiciales del país han guardado absoluto silencio en este último aspecto.

¿Por qué dice que han guardado este silencio?

Las víctimas no están siendo el centro de la preocupación de las reglamentaciones y de la aplicación de la JEP. No se les está citando para que participen en los debates sobre la liberación de agentes del Estado o de los integrantes de las Farc. La decisión del 24 de julio de la Corte Suprema de Justicia hasta excluye plantear como un requisito que se deba decir la verdad. Entonces el centro son los responsables de los crímenes y no las víctimas.

FUENTE EL ESPECTADOR

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